jueves, 2 de julio de 2009

Transparencia en el Poder Judicial del Estado de Baja California

El querido amigo Daniel Solorio Ramírez, nos hace llegar el siguiente mensaje, en el cual anexa el discurso pronunciado por el Presidente del COLEGIO DE ABOGADOS DE MEXICALI, A.C., el 27 de mayo de 2009, en sesión pública de dicho Colegio:
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Mexicali, Baja California a 27 de Mayo de 2009.
Estimados colegas, buenas tardes.
Me pregunto, ¿Para qué sirve la transparencia en el poder judicial?
Haré algunas reflexiones sobre ello.
La transparencia judicial es un estado de cosas que permite conocer como, cuando, donde, y porqué un asunto determinado se falló en tal o cuál sentido; excluye la secrecía.
Esa posibilidad de ver públicamente lo que hacen los jueces y como lo hacen constituye un medio de control de la actividad judicial en una sociedad democrática.
Se trata de un control difuso en manos de los ciudadanos que se realiza a través de la crítica pública, en la actualidad el juicio social sobre la actuación judicial es un derecho universalmente aceptado, previsto en convenciones y tratados internacionales suscritos por la mayoría de los países democráticos del mundo.
Ahora refiriéndome al ámbito local, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado previene que los asuntos de competencia de las Salas del Tribunal Superior se resolverán en audiencia pública.
La ley privilegia el principio de publicidad y transparencia con dos fines primordiales. El primero, para que la sociedad y no sólo los interesados en el asunto en cuestión, conozcan las razones de hecho y de derecho en que se basan las sentencias.
Lo más importante de la publicidad es que sirve para verificar que los tres magistrados que integran la Sala están enterados de las actuaciones judiciales y de la problemática que encierra el caso.
Haré énfasis en esta primer finalidad de la transparencia. Actualmente los secretarios de estudio y cuenta elaboran proyectos de resolución y los entregan al Magistrado ponente, el proyecto se circula al resto de magistrados de la Sala, pero no hay garantía para las partes, ni para la sociedad de que el asunto en su integridad fue analizado por los juzgadores.
Precisamente la transparencia y el deber de los Magistrados de “discutir” públicamente los asuntos judiciales es la garantía social de que los tres magistrados estudiaron íntegramente el asunto, y no sólo el proyecto.
Actualmente los Magistrados, salvo casos excepcionales, no discuten los asuntos, pues se limitan a manifestar su acuerdo o desacuerdo con el proyecto y votan el resultado, bajo el argumento de que ya lo comentaron en “privado”.
Atendiendo al principio de máxima publicidad en la actuación judicial, los tres magistrados deben participar públicamente de la discusión del asunto para que se justifique la firma colegiada de los proyectos de sentencia.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debaten públicamente los asuntos, porqué no han de hacerlo los magistrados del Tribunal superior.
Para el justiciable y la sociedad, la discusión pública de los asuntos es una forma de materializar la garantía de imparcialidad, igualdad de las partes ante la ley y de preparación profesional de los Magistrados.
La segunda finalidad de la transparencia, juega como protección para el juzgador ante presiones internas o externas, pues la publicidad es el puente de enlace entre autoridad y sociedad.
Compañeros abogados ¿cuantas veces hemos pedido que se encabece un movimiento para mejorar el ejercicio de la función judicial en el Estado?.... Muchas.
Pues bien, ya empezamos con ese movimiento para la optimización judicial, haremos valer nuestro derecho de manera respetuosa, eso sí, tan enérgicamente como lo exija la situación.
Para ello, necesitamos unidad, determinación y compromiso.
No se vale que demandemos una mejor justicia, pero nos mantengamos al margen de este movimiento;
No se vale traicionar la causa del colegio a cambio de privilegios circunstanciales o promesas de beneficios particulares;
No se vale coludirnos con coyotes de cuello blanco, que sólo persiguen intereses mezquinos;
No se vale escondernos en el anonimato por temor;
Si se vale exigir justicia de calidad de frete a la sociedad.
Habrá reacción de algunos juzgadores que se nieguen entrar a la era de la transparencia y rendición de cuentas, y es posible que arremetan contra las casos que patrocinamos como represalia; pero en tal supuesto, somos abogados y lo sabemos, podemos enjuiciar por responsabilidad judicial a quien así actúe.
De no encontrar justicia en el ámbito nacional contra las represalias, previo análisis, el colegio se compromete a llevar el caso ante la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, y de ser necesario ante la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, con independencia de buscar el respaldo social contra posibles injusticias.
No queremos enfrentamientos, le apostamos al dialogo y a la construcción de mejores instituciones y ejercicio optimo de la función judicial, pero tampoco nos achicaremos ante el primer golpe sobre el escritorio.
Colegas el pueblo es poseedor originario del poder público, los juzgadores son detentadores de él, a nosotros, a quien la patria nos dio la oportunidad de recibir educación profesional, corresponde la responsabilidad de vigilar y procurar que la justicia que reciba la sociedad sea de calidad.
Los invito a que trabajemos por un Estado democrático y de Justicia, los invito a que leguemos el fruto de este primer paso a las generaciones venideras.
Gracias.
JOSÉ LUIS HUAPE RODRÍGUEZ.